El Estado de Honduras reconoció este lunes su responsabilidad internacional por el caso de Vicky Hernández, una mujer transexual y defensora de derechos humanos que fue ejecutada de forma extrajudicial el 28 de junio de 2009, en medio de un toque de queda.
El acto público de reconocimiento de responsabilidad se realizó en la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras, donde Hernández fue asesinada de un disparo en la cabeza entre la noche del 28 de junio de 2009 y el día siguiente, en el marco de un toque de queda decretado a raíz del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya.
El desagravio fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos humanos (CorteIDH) en una sentencia de 2021 en la que consideró que el Estado era «responsable por una violación a los derechos al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la libertad personal, a la privacidad, a la libertad de expresión, y al nombre y que incumplió con la obligación establecida para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en su perjuicio».
«El Estado de Honduras por convicción moral y voluntad política del Gobierno que presido, y en cumplimento de la sentencia emitida por la CorteIDH en 2021 (…) hacemos este reconocimiento público como parte de las medidas de reparación a las violaciones de derechos humanos que culminaron en un vil asesinato», subrayó la presidenta hondureña, Xiomara Castro.
En una alocución de forma virtual desde Tegucigalpa, Castro expresó a la comunidad LGTBI su «sentimiento de pesar» por el asesinato de Hernández.
«En este acto público reconocemos ante la comunidad internacional, el pueblo hondureño y la familia de Vicky Hernández, la responsabilidad del Estado de Honduras en los hechos que habrían llevado a su muerte”, señaló.
La presidenta Castro indicó que al encontrar que «la violencia ejercida contra Vicky Hernández lo fue en razón de su expresión o identidad de género, se violaron los derechos