Un nuevo perjuicio económico en contra del Estado de Honduras identificó el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) con relación al proyecto conocido como «Viviendas contenedores», que dotaría de casas a más de mil familias damnificadas por las tormentas tropicales Eta y Iota.
Las y los beneficiados debían ser residentes en las orillas del río Choluteca, específicamente, en la colonia Las Brisas, La Betania, Brisas de Santa Bárbara y otras zonas de riesgo. Sin embargo, en enero de 2022, el CNA realizó una inspección y solo 23 familias habitan las viviendas, de las cuales únicamente 10 forman parte del grupo al que iban dirigidas; el resto son familias del proyecto reasentamiento Lomas del Diamante.
Se encontraron cuatro irregularidades de gran magnitud desde el diseño, construcción y supervisión de la cimentación del edificio, que se demolió y volvió a edificar, lo que generó un perjuicio en el costo de la obra y enmiendas a contratos conexos.Se reportaron anomalías en la adquisición de los contenedores e inconsistencias en las suscripciones de más de un contrato para realizar la misma actividad (duplicidad).
Además, durante la ejecución del proyecto se nombró a dos servidores públicos para desempeñarse ad honorem, sin embargo, el coordinador técnico de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) suscribió contratos donde les reconocía un pago mensual de L 110 mil y uno de ellos recibió L 484 mil 940 por derechos y prestaciones.
